LEY INTEGRAL DE CONTROL DE AGRESORES REINCIDENTES (RUAVID-R)

Enfoque: Realizar una “cirugía de precisión” contra el riesgo, creando un sistema legal de gestión predictiva que neutralice los catalizadores de la violencia letal. La propuesta deja atrás respuestas generales y reactivas para instaurar un mecanismo quirúrgico que apunta directamente al grupo de mayor peligrosidad: los reincidentes en violencia doméstica, intrafamiliar y de género.

Desarrollo:

1.Registro Unificado de Reincidentes (RUAVID-R): Se crea un registro confidencial, técnico y controlado que concentra los antecedentes de reincidencia, sirviendo como herramienta de decisión obligatoria para las autoridades judiciales, policiales y administrativas.

1. Constancia de Verificación (COVAV): Se instituye como requisito indispensable y protocolar para toda solicitud de licencias de armas de fuego y de expendio de bebidas alcohólicas, cerrando de raíz la puerta de acceso a los instrumentos que potencian la violencia letal.

2. Desarme selectivo: La iniciativa modifica la Ley 631-16 de Armas, prohibiendo de manera absoluta la tenencia y porte de armas a quienes figuren en el RUAVID-R. Se combina así una política de desarme focalizado con un control riguroso de licencias, reduciendo de forma directa la capacidad letal de los agresores reincidentes.

3. Control del alcohol: Se incorporan reformas a la normativa sobre expendio de bebidas alcohólicas, restringiendo licencias y permisos a personas registradas, y estableciendo protocolos de supervisión para prevenir que establecimientos faciliten acceso a este grupo de riesgo.

4. Perfil Criminológico Nacional del Agresor: Se crea un instrumento técnico-científico que, a partir del RUAVID-R, permita comprender patrones de reincidencia y elaborar políticas de prevención y rehabilitación más eficaces, incluyendo programas que incorporen herramientas emocionales y de gestión conductual.

5. Protección integral y protocolos de riesgo: El uso obligatorio del RUAVID-R en decisiones judiciales y administrativas permite protocolizar la gestión de riesgo, facilitando órdenes de protección más rápidas, medidas de restricción inmediatas y una mayor previsibilidad en la prevención de nuevos actos violentos.

Objetivo: Gestionar el riesgo de manera predictiva y preventiva, desarticulando los factores que catalizan la violencia letal en manos de los individuos más peligrosos, con impactos concretos:

– Neutralización preventiva: se evita que agresores reincidentes accedan a armas o licencias que amplifiquen su peligrosidad.
– Desarme selectivo: se reduce la circulación de armas en manos de agresores con historial de violencia.
– Protocolización de la respuesta: se eliminan vacíos legales al vincular directamente el registro con licencias y permisos.
– Protección de las víctimas: las autoridades disponen de información unificada para actuar con rapidez y eficacia.
– Transformación cultural: al incorporar en el perfil criminológico la dimensión de herramientas emocionales y reeducación conductual, se impulsa un modelo de rehabilitación que complementa la sanción con la prevención.
– Mensaje social contundente: se establece un régimen de responsabilidad y consecuencia, donde la violencia reincidente acarrea limitaciones reales y proporcionales, mostrando que el Estado prioriza la seguridad de las víctimas sobre cualquier privilegio individual.